En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo público que Odebrecht había admitido el pago de sobornos a altos funcionarios en países de América Latina y África, información que remeció las estructuras de la clase política y gubernamental de las naciones donde operó la empresa brasileña, cuyas repercusiones aún continúan y en algunos casos recién empiezan.

Se trataba de la corroboración de que las actividades ilícitas de las constructoras investigadas en Brasil por el caso Lava Jato habían trascendido las fronteras y se extendían a otros territorios. En la nación brasileña las pesquisas se iniciaron en marzo de 2014 y uno de sus momentos cumbres fue el arresto y reclusión de Marcelo Odebrecht, propietario de la compañía, quien tuvo que acogerse a la delación premiada (colaboración) para tratar de reducir su condena.

En Perú, el Ministerio Público ya tenía algunas investigaciones en proceso, originadas en revelaciones periodísticas un año antes, en relación a presuntos pagos de sobornos por las obras vía Interoceánica Sur y la planta de tratamiento de agua de Huachipa, la primera adjudicada a Odebrecht durante el gobierno de Alejandro Toledo y la segunda, a Camargo Correa en el de Alan García.

A casi dos años de la confesión de la compañía Odebrecht, cabe preguntarse sobre la actuación de las fiscalías o procuradurías generales al respecto. En el siguiente especial del equipo de ‘Investiga Lava Jato’ podrás encontrar algunas respuestas sobre la situación en cinco países de la región.