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Entrevista exclusiva

Moro: Hay que investigar a las empresas locales, no solo a las brasileñas en caso Lava Jato

Por Investiga Lava Jato y Convoca /Traducción: Milagros Salazar / Foto: Folha de Sao Paulo

Domingo, 30 de julio de 2017

Estado de Paraná, Curitiba.− Hace menos de tres semanas, el juez Sergio Moro publicó una sentencia que dio la vuelta al mundo como parte del monumental caso de corrupción Lava Jato: la condena de nueve años y seis meses de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero a Luiz Inácio Lula da Silva, el primer expresidente de Brasil condenado por corrupción.

Esta vez, el célebre juez del caso Lava Jato que no suele declarar para la prensa, abrió las puertas de su oficina en Curitiba, Brasil, para conversar en exclusiva luego de su histórica sentencia a Lula, con los periodistas de ‘Investiga Lava Jato’, proyecto colaborativo coordinado por Convoca y Folha de Sao Paulo, con la participación de reporteros de medios y organizaciones de periodismo de investigación de 11 países de América Latina y África.

“Esta entrevista es una forma de incentivar el trabajo de periodistas investigativos. Creo que es loable el trabajo conjunto y cooperativo entre periodistas de varios países, sobre temas universales que interesan en forma particular a América Latina”, aseguró Moro al inicio de este diálogo que se prolongó durante casi dos horas y en el que participaron los periodistas Flávio Ferreira y Estelita Hass Carazzai, del diario Folha de Sao Paulo; Raúl Olmos, de Mexicanos contra la Corrupción; Milagros Salazar, del portal de periodismo de investigación Convoca, de Perú; Adérito Caldeira, del Jornal Verdade de Mozambique; Lisseth Boon, de El Pitazo de Venezuela; Emilia Delfino, del diario Perfil de Argentina y los periodistas de ColombiaCheck.

“Estas investigaciones (de Lava Jato)también son una oportunidad para expandir las indagaciones e identificar otras empresas extranjeras y nacionales de los países que estuvieron envueltos en los sobornos".

En esta entrevista, Moro habla sobre los retos de la investigación Lava Jato en Perú, México y otros países del continente donde las empresas brasileñas pagaron coimas millonarias para adjudicarse obras y financiaron campañas electorales de manera ilegal.

También hizo hincapié en el papel que jugaron las empresas nacionales en cada país donde se impuso la coima como parte del sistema de corrupción, no solo en manos de las constructoras brasileñas.

Para Moro "el derecho no es una ciencia exacta” pero hay principios fundamentales que deben respetarse para llegar a la verdad y garantizar la justicia. Aquí publicamos la primera parte de este amplio diálogo.

Flávio Ferreira (Folha de Sao Paulo): Hay sentencias en Lava Jato que no se basan solo en documentos sino también en otros tipos de pruebas. Un ejemplo es la condena del expresidente Lula, que en su fundamentación apunta que los beneficios concedidos al expresidente tienen como "única explicación" la corrupción en Petrobras. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de presunciones de este tipo en casos complejos?

Sobre el expresidente, todo lo que yo quería decir ya está en la sentencia. Teóricamente, en cualquier proceso penal, se tiene un conjunto de pruebas, y el juez decide en base a este conjunto. Una clasificación que se hace dentro del proceso penal es la prueba directa y la prueba indirecta, que constituye la prueba indiciaria. Para dar un ejemplo clásico: usted tiene un testimonio que vio un homicidio. Es una prueba directa.

Expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, hoy sentenciado a 9 años y medio de prisión efectiva por caso Lava Jato. Foto: Odebrecht.

Una prueba indirecta es alguien que no vio el homicidio pero vio a alguien dejando el local del crimen con un arma de juego. Esa persona no presenció directamente el hecho, pero vio un hecho del cual se infiere que un sospechoso es culpable. El juez va a evaluar todas las pruebas que existen, sean directas o indirectas, y va a preferir un juzgado. No hay un proceso en el que sólo exista un tipo de prueba, es un conjunto de pruebas. No es nada extraordinario en relación a lo que sucede cotidianamente con cualquier caso criminal. (…)

Estelita Hass Carazzai (Folha de Sao Paulo): Ese tipo de decisión sobre beneficios a reos, pruebas indiciarias, prisiones preventivas, ¿no forman parte de una inflexión que Lava Jato está trayendo al derecho penal?

No, de ninguna forma. Lo que Lava Jato revela es que la impunidad en crímenes de corrupción en Brasil no es más una regla. La corrupción siempre va a existir. Pero se espera que, con el fin de la impunidad, disminuya. Lo importante es que la impunidad no sea más una regla para este tipo de criminalidad tan dañina para la economía, los recursos públicos y la propia democracia.

Flávio Ferreira (Folha de Sao Paulo): En algunas sentencias, usted comentó sobre la divulgación de las escuchas que envolvieron a los expresidentes Lula y Dilma Rousseff, que el problema fue el contenido que revelaba intentos de obstruir las investigaciones con gran poder político. ¿La divulgación de ese contenido que usted hizo tenía como objetivo proteger Lava Jato?

La elección que se adoptó desde el inicio del proceso, a partir del momento en que eso no era perjudicial en las investigaciones, era hacer todo público. Dar más publicidad a las acciones penales, las pruebas, el juicio. Primero, porque la Constitución brasileña así lo determina: el juicio tiene que ser público. Segundo, porque forma parte de las libertades democráticas que las personas tengan conocimiento de que lo que hacen sus gobernantes. Si tenemos procesos que envuelven delitos de corrupción, que básicamente es el abuso del poder para el beneficio privado, nosotros comprendimos desde el inicio que era necesario la publicación.

“Hay situaciones en las que las empresas brasileñas cometieron actos de corrupción y pagaron coimas a políticos mediante donaciones electorales. Eso sucedía tanto en donaciones ilegales, no registradas y en donaciones legales o registradas”.

Un efecto indirecto de la publicación de esos casos fue proteger las investigaciones contra las interferencias indebidas. Al final de cuentas, son procesos que envuelven personas poderosas, política y económicamente. Claro que la ley no permite que haya obstrucción, pero en la práctica puede haber tentativas. Entonces, hacer todo público también acaba funcionando como una especie de protección contra cualquier obstrucción de justicia. Creo que eso es muy importante. Dentro de una democracia liberal como la nuestra, es obligatorio que esas cosas salgan a la luz pública.

Flávio Ferreira (Folha de Sao Paulo): En Lava Jato, hay más de 150 acuerdos de delación premiada y muchos de los colaboradores van a permanecer presos por dos o tres años. De ahí ellos van a volver a las calles. ¿Cuándo eso sucede, no puede emerger en un futuro próximo, una sensación de impunidad, de que el crimen compensa?

La colaboración de los criminales viene con un precio: no colaboran sino es por la obtención de un beneficio. Eso forma parte de la naturaleza de la colaboración. Mucha gente no tiene ningún acuerdo y continúa respondiendo a los procesos, algunos fueron condenados, están presos. Esas personas también van a salir de la prisión algún día. Es parte del sistema. Lo que yo creo es que tiene que ser comparado que, en el pasado, como regla lo que había era la impunidad. Las personas ni siquiera sufrían las consecuencias de sus actos criminales. En muchos casos, ellas ni siquiera eran descubiertas. La sensación de impunidad era todavía mayor. Aunque las personas tal vez no sabían detalles, tenían una noción de que sucedía dentro de los gabinetes de algunos agentes públicos.

Escucha el podcast de #ConvocaRadio sobre el perfil de Sergio Moro

Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción): En México estamos muy preocupados porque no hay ningún efecto, ninguna acción visible en el caso Lava Jato. ¿Cuál es su opinión sobre un país donde la corrupción está muy arraigada y pareciera que no ocurre nada mientras que en otros países hay un sismo político?

Es difícil evaluar lo que ocurre en otros países, no tengo detalles de todo. La globalización también termina ocasionando un fenómeno de transnacionalización del crimen. De hecho, fue constatado que las empresas brasileñas eventualmente pagaron ventajas indebidas, o coima, para autoridades públicas en otros países. Si el crimen es transnacional, el enfrentamiento de la criminalidad también tiene que ser transnacional, y tiene que envolver mecanismos de cooperación. Las autoridades brasileñas, como regla, han estado dispuestas a compartir esas pruebas. Cabe a los otros países intentar extraer de ellas lo mejor, estableciendo sus propias investigaciones y responsabilizando a los eventuales culpables si son identificados. Al final de cuentas, el enfrentamiento del crimen es una demanda universal, un deseo universal.

Marcelo Odebrecht y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Foto: Presidencia de México.

Tengo la expectativa que también las autoridades de México puedan desarrollar bien los casos criminales, utilizando esas pruebas compartidas o realizando sus propias investigaciones. No es absolutamente necesario que los casos dependan solamente de las pruebas que las autoridades brasileñas compartieron. Ellas (las autoridades) pueden desarrollar mucho más con un trabajo de investigación a partir de eso (las pruebas de Brasil).

Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción): El caso Odebrecht tocó a diversos países a través del financiamiento de campañas políticas. Sin que diga nombres o cite casos concretos, ¿hay evidencias de que esto haya ocurrido también en México?

No tengo detalles para que yo pueda hacer un comentario específico al respecto, y también no sé cómo andan las investigaciones allá. Lo que sé es lo que ya está publicado. En el ámbito del acuerdo de la colaboración de Odebrecht, fueron revelados diversos casos de soborno y corrupción en los que están envueltos otros países, tanto en América Latina y África. La intención de las autoridades brasileñas es compartir esas pruebas. Hasta había un deseo de que Odebrecht hiciera acuerdos específicos en otros países porque así, la compañía también resolvería la situación jurídica en esos países y proporcionaría las pruebas directamente a ellos.

“Forma parte de las libertades democráticas que las personas tengan conocimiento de que lo que hacen sus gobernantes. Si tenemos procesos que envuelven delitos de corrupción, que básicamente es el abuso del poder para el beneficio privado, nosotros comprendimos desde el inicio que era necesario la publicación”.

Milagros Salazar (Convoca, Perú): A estas alturas de la investigación Lava Jato, ya es posible decir que la empresa Odebrecht financiaba las campañas electorales de los candidatos que encabezaban las encuestas no solo en Brasil, sino también en Perú, México y otros países donde la empresa pagó sobornos. Quisiera saber si usted como juez del caso y con acceso directo a la información, puede confirmar que esa era una práctica común como parte del esquema de corrupción ejecutado por Odebrecht en América Latina.

Considerando los casos ya juzgados, lo que se puede decir es que hay situaciones en las que las empresas brasileñas cometieron actos de corrupción y pagaron coimas a políticos mediante donaciones electorales. Eso sucedía tanto en donaciones informales, o sea, ilegales, no registradas, como eventualmente en donaciones legales o registradas. Entre las empresas investigadas en este caso, está Odebrecht. Ellos mismos ya admitieron públicamente en los interrogatorios que desviaban montos de sobornos mediante donaciones electorales declaradas y no declaradas. Entonces, es una forma de cometer ese crimen.

Milagros Salazar (Convoca, Perú) En las planillas de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, hay montos de dinero vinculados a campañas electorales, por ejemplo el financiamiento a la campaña electoral del expresidente Ollanta Humala que hoy está con prisión preventiva. ¿Se puede decir que todos los montos que aparecían en las planillas de este Sector iban destinados al pago de coimas y al financiamiento de campañas electorales que se hicieron en forma ilegal?, ¿es irrefutable concluir eso?

No reportaría ningún caso específico. No conozco los detalles que envolvieron al expresidente de Perú, por ejemplo. Lo que sucede es lo siguiente: en el transcurso de las investigaciones se descubrió este sector específico de Odebrecht dedicado al pago de montos que no formaban parte de la contabilidad oficial de la empresa. Parte de esos pagos eran sobornos. Por ejemplo, Odebrecht pagó millones de dólares en cuentas del exterior a directores de Petrobras por contratos de la compañía estatal. No se puede decir que todos los pagos de esa contabilidad informal son necesariamente de corrupción o sobornos. Hay que analizar caso por caso. Ahora, normalmente esos pagos, incluso por no formar parte de la contabilidad de la empresa, están envueltos en algún ilícito. Son ilegales. Si son o no corrupción, si hay una contrapartida específica a un agente público, es algo que necesita ser profundizado en la investigación.

Milagros Salazar (Convoca, Perú): En Perú se cuestiona que los expresidentes considerados políticamente más débiles son los que están enfrentando la justicia como Alejandro Toledo y Ollanta Humala, y que no necesariamente se está investigando con la misma profundidad a otros expresidentes o excandidatos presidenciales como Keiko Fujimori. Cuando la justicia tiene información importante de diversos exmandatarios y candidatos presidenciales, ¿por dónde se debe empezar a investigar? Hay una demanda de los ciudadanos de que todos deben ser tratados por igual (…) y hay la sensación de que a algunos se les investiga y a otros no.

No tengo condiciones de evaluar el trabajo de la justicia y el Ministerio Público de Perú. Uno, por la distancia, y dos, porque también no sería apropiado. Yo estuve, no obstante, recientemente en el país, invitado por una asociación de magistrados. Tuve la oportunidad de conocer a varios magistrados y miembros del Ministerio Público, y me pareció que había un deseo muy profundo por parte de ellos de indagar esos hechos y llevar esos casos a la justicia, que espero que suceda.

Alejandro Toledo y Ollanta Humala, expresidentes peruanos con prisión preventiva. Toledo se encuentra prófugo. Fotos: Andina.

Aquí en Brasil, a veces, una crítica muy equivocada, de que la justicia estaría actuando de manera selectiva, siendo más dura en relación a determinadas agrupaciones partidarias o a políticos de determinado perfil que en relación a otros. Una crítica muy similar fue hecha a la Operación Manos Limpias, en Italia. El trabajo de los magistrados acabó alcanzando más fuertemente la democracia cristiana y el Partido Socialista Italiano, y se criticaba a los magistrados diciendo que estaban protegiendo a miembros del Partido Comunista.

Pero allá como aquí, las investigaciones y los procesos se llevan a cabo sobre la base de hechos y pruebas. El foco aquí en Brasil, al menos aquí en Curitiba, siempre fue Petrobras. El esquema criminal en Petrobras implicaba pagos de sobornos a agentes de la estatal y agentes políticos que sostenían a esos ejecutivos en sus posiciones. Y esos agentes políticos eran del gobierno, de los partidos que formaban la base del gobierno. Entonces, es natural que el caso se incline a esos partidos.

Alan García y Keiko Fujimori, excandidatos presidenciales peruanos. Foto: El Comercio.

No obstante, existen partidos de ciertos perfiles que no siempre fueron aliados (del gobierno). Por ejemplo, a pesar de las críticas de que hay una intensidad mayor en relación a agentes del PT (Partido de Trabajadores, de Luiz Inácio Lula da Silva), hemos arrestado y condenado a un ex parlamentario, el ex presidente de la Cámara (Eduardo Cunha), que era considerado como enemigo del PT. Entonces, a mi juicio, las críticas son equivocadas. Es evidente que la justicia tiene que basarse en las pruebas y en la ley, y ser ciega para esas cuestiones partidarias.

Milagros Salazar (Convoca, Perú) La condición para recibir las pruebas de Odebrecht es que los fiscales de otros países no las usen para procesar civil o penalmente a la empresa o sus directores por los acuerdos de leniencia y de delación premiada firmados con la Procuraduría de Brasil. Hace pocas semanas hubo un impasse entre los fiscales de Brasil y Perú porque un fiscal peruano habría incumplido el acuerdo. ¿Desde su experiencia cuánto puede afectar transgredir estos acuerdos en la búsqueda de la verdad y la justicia?

Nosotros tuvimos un caso muy interesante en el pasado con una serie de doleiros brasileños (traficantes de divisas) envueltos en la operación de lavado de dinero, que mantenían cuentas secretas en una institución financiera en los Estados Unidos. El caso implicó investigaciones aquí (en Brasil) y en Estados Unidos. Y, en nuestro caso, acabamos escuchando el testimonio del gerente del banco. Era una persona que también tenía responsabilidad criminal porque había dado abrigo a aquellas cuentas facilitando operaciones de lavado de dinero. No obstante, esa persona había hecho un acuerdo de colaboración con las autoridades y acordó dar su testimonio con la condición de no ser procesada en Brasil por esos mismos hechos. Eso fue respetado. Entonces, es importante que haya observancia en la colaboración internacional sobre las condiciones que son colocadas.

La comprensión que se tiene (en el caso de Lava Jato) es que esos crímenes fueron revelados en el ámbito de una colaboración con las autoridades brasileñas. Interesan a los otros países. Pero si esos colaboradores fueran procesados sin cualquier límite en esos países, eso coloca en riesgo los propios acuerdos aquí en Brasil, de ahí la necesidad de tener una cierta protección. Normalmente Brasil ha compartido las pruebas con ese condicionamiento, lo que no impide que los otros países desarrollen su investigación sin acceder a las pruebas de la colaboración, rechacen esa condición y procesen a todo el mundo. Pero si las pruebas vienen de los colaboradores de Brasil, normalmente tiene que colocarse esa condición para preservar los propios acuerdos en Brasil.

Accede al proyecto colaborativo ‘Investiga Lava Jato’ de medios y periodistas de 11 países de América Latina y África.


Milagros Salazar (Convoca, Perú) Existe la sensación en la sociedad peruana de que las autoridades se están sometiéndo (por el acuerdo de colaboración) a no procesar a los empresarios y directivos que pagaron por la corrupción. Es complicado manejar esta situación…

Cada caso es un caso. Tiene que verificarse lo que puede ser hecho sin la cooperación. Ahora, lo ideal sería que esas empresas que pagaron coima en otros países entraran en acuerdo con las autoridades de esos países, resolviendo la cuestión de una forma más directa, sin necesidad de intermediación por parte de las autoridades brasileñas.

Quisiera dejar bien en claro lo siguiente: el pago de soborno es algo terrible, reprobable y tiene que ser reprimido. Pero por otro lado tiene que resaltarse la actitud de las empresas cuando deciden colaborar. Eso es digno de elogios y de beneficios, si la ley así lo establece. No solo porque hay una expectativa de que esos acuerdos signifiquen no solo la revelación de los crímenes pretéritos, sino por un cambio de postura de las empresas. Lo que no me parece razonable es que cuando ellas pagaban coimas y lo hacían en secreto, eran tratadas de manera muy favorables por las autoridades, y de repente, cuando resuelven revelar sus delitos y cambiar sus prácticas, pasan a ser tratadas de manera más rigurosa. No está bien ese camino.

Otra cosa que creo que es importante, aprovechando la pregunta, es que lo que hicieron las empresas brasileñas fue terrible, reprobable, pero ciertamente no fueron las únicas que pagaron ventajas indebidas por el mundo, inclusive en otros países. Hay una gran posibilidad de que así lo hacían en un ambiente corrupto, para el que ellas contribuían, pero en la cual no son la única causa. Estas investigaciones también son una oportunidad para expandir las indagaciones e identificar otras empresas extranjeras y nacionales de esos respectivos países, que también pagaron ventajas indebidas y estuvieron envueltas en esas prácticas. Lo que fue constatado en las investigaciones en Brasil es que la corrupción era una regla de juego y eso envolvía no a una o dos empresas, sino a varias. Y también las empresas extranjeras pagaron coima a agentes brasileños de Petrobras.

Es importante investigar las responsabilidades, pero desde mi punto de vista también no es correcto vilipendiar a las empresas brasileñas como si fueran las únicas empresas en el mundo que pagan coimas. Ciertamente, si se busca, va a encontrar hechos que envuelven a otras empresas, y eventualmente empresas del mismo país de las autoridades que recibieron esos montos de dinero.

(Como se sabe, las constructoras peruanas que operaron con las empresas brasileñas son Graña y Montero, JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratitas, entre otras. Precisamente, estas compañías conformaron el consorcio Conirsa con Norberto Odebrecht S.A. para construir los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur por la que la empresa brasileña confesó el pago de cerca de 20 millones de dólares en sobornos para el expresidente Alejandro Toledo. Odebrecht también construyó el tramo 1 de la Línea 1 del Metro de Lima con Graña y Montero, otra obra por la que la compañía reveló haber coimeado a funcionarios durante el gobierno de Alan García).

Lee aquí la segunda parte de esta entrevista

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