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Más de US$2,000 millones en contratos de tres gobiernos en México

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En solo tres obras asignadas a Odebrecht, hubo 80% de aumento del presupuesto inicial del contrato mediante adendas.

Raúl Olmos / Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
Investiga Lava Jato*

CIUDAD DE MÉXICO. En los últimos 12 años, la constructora brasileña Odebrecht obtuvo en México seis contratos de obras con valor de al menos 39 mil 218 millones de pesos, equivalentes a 2 mil 914 millones de dólares al tipo de cambio en el tiempo en que se realizó la asignación.

En tres de esas obras, el gobierno elevó en 80% el monto original del contrato a favor de la mencionada compañía, a través de ampliaciones o adendas, de acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), como parte del proyecto colaborativo “Investiga Lava Jato”.

El costo final de otras dos obras es en la práctica un secreto de Estado, pues el gobierno mexicano decidió reservar hasta el2020 cualquier contrato, adenda, factura o contrato suscrito con Odebrecht, bajo el argumento de que está en curso una investigación judicial por el presunto pago de sobornos.

En una obra más, que corresponde al gasoducto Los Ramones, sepudo constatar que el costo se incrementó de 1,052 millones de dólares que había anunciado originalmente el Gobierno mexicano a 1,200 millones de dólares, lo que representó una variación del 14%. Estos datos se obtuvieron de documentos oficiales, no obstante que el contrato del gasoducto está bajo reserva.

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Gasoducto Los Ramones subió un 14% del presupuesto inicial para su ejecución. Foto: Raúl Olmos - Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

MCCI solicitó a la compañía Petróleos Mexicanos (PEMEX) copia del contrato adjudicado a un consorcio que creó Odebrecht para construir el referido gasoducto, y su respuesta fue que no tenían en su poder esos documentos.

Lo anterior, pese a que en el curso de la presente investigación se comprobó que el contrato se asignó mediante TAG Pipelines, una filial de PEMEX creada únicamente para el proyecto Los Ramones, cuyos accionistas son dos compañías de papel establecidas en islas del Caribe, de nombres MGI Enterprises Ltd., con base en las Islas Vírgenes Británicas, y MGI Supply Ltd., establecida en las Islas Caimán.

MGI Enterprises y MGI Supply, a su vez, pertenecen a Mex Gas International Ltd., empresa establecida por PEMEX desde 1993 en Islas Caimán.

La petrolera mexicana también se negó a entregar las ampliaciones de contrato otorgadas a Odebrecht para ejecutar obras en las refinerías de Minatitlán, Tula y Salamanca.

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Se comprobó que el contrato del gasoducto Los Ramones se asignó mediante TAG Pipelines, una filial de PEMEX creada únicamente para este proyecto, cuyos accionistas son dos compañías de papel establecidas en paraísos fiscales.
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No obstante, mediante un rastreo en reportes realizados a la Bolsa Mexicana de Valores, en informes financieros de PEMEX y en dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación, se pudo determinar el incremento de algunas de estas obras.

Por ejemplo, en la obra de adecuación de plataformas y terrenos para la reconfiguración de la refinería de Tula, el costo inicial de 1,436 millones de pesos establecido en 2014 (unos 107 millones de dólares) se elevó a 2,315 millones de pesos (alrededor de 172 millones de dólares) en dos ampliaciones consecutivas. El incremento autorizado fue del 61%.

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La refinería de Tula tuvo un incremento de US$172 millones. Foto: El Economista

En la modernización de la refinería de Minatitlán, iniciada en 2005 durante el gobierno de Vicente Fox, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), el contrato asignado fue de 634 millones de dólares y al final la obra se entregó a un costo de 1,055 millones de dólares. El sobrecosto en esta obra fue de 66%.

La mayor parte de los incrementos se otorgaron durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien sucedió a Fox en la Presidencia también como candidato del PAN.

Una investigación de MCCI documentó que PEMEX avaló sobrecostos, toleró incumplimientos e hizo pagos ilegales a Odebrecht para la modernización de la refinería de Minatitlán.

En otras dos obras petroleras, asignadas en forma directa o ‘a dedo’ por el gobierno del actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto, no se pudo determinar si se dieron ampliaciones presupuestales a Odebrecht porque PEMEX no emitió detalles de las mismas en sus reportes bursátiles, además de que decidió ocultar o mantener bajo secreto los contratos y todos los documentos vinculados hasta el año 2020.

Dichos contratos, en los que es un enigma su costo final, fueron otorgados sin licitación a Odebrecht en noviembre de 2014 y 2015 por un monto de 222 millones de dólares, para construir accesos enla refinería de Tula y realizar obras para la reconfiguración de la refinería de Salamanca, ambas en el centro de México.

Otra obra ejecutada por Odebrecht fue un proyecto hidroeléctrico en Michoacán, estado gobernado por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

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Se documentó que PEMEX avaló sobrecostos, toleró incumplimientos e hizo pagos ilegales a Odebrecht para la modernización de la refinería de Minatitlán.
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En este caso, la obra se entregó incompleta, a destiempo, con fallas y al doble de su costo inicial.

La obra debió concluirse en 2008 a un costo de 1,500 millones de pesos (unos 137 millones de dólares) y se entregó hasta 2013 con un pago a Odebrecht por 2 mil 915 millones de pesos (unos 270 millones de dólares al tipo de cambio de entonces).

Cabe anotar que el martes último, como parte de “Investiga Lava Jato”, se revelaron documentos de la corrupción en México del caso Odebrecht: dos personajes clave del departamento de sobornos de la empresa brasileña reportaron transferencias realizadas en 2010 por 383 mil dólares para un proyecto hidro-agrícola desarrollado en Michoacán, triangularon esos fondos con una empresa offshore anclada en Antigua y Barbuda.

Su primera obra

Odebrecht llegó a México en 1992, durante el gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari, para construir en Sinaloa la presa hidroeléctrica Los Huites, que luego fue llamada presa ‘Luis Donaldo Colosio’ en honor al candidato presidencial del PRI asesinado en marzo de 1994.

En la licitación de la obra se inscribieron dos consorcios: uno formado por el Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y la ‘Companhia Brasileira de Projectos e Obras (CBPO), perteneciente al Grupo Odebrecht, y el otro creado por Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y la compañía constructora La Nacional.

El 13 de mayo de 1992 se tomó la decisión de asignar la obra a los dos grupos postores, quienes crearon el Consorcio Mexicano Constructor de Huites SA de CV. Esta asignación se dio cuando era gobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ochoa.

Odebrecht y su socio mexicano se quedaron con el 50% de la participación accionaria.

El costo de la obra ascendió a 646 millones 945 mil dólares, con un plazo de 30 meses para la construcción.

La obra debió terminarse en julio de 1995, incluida la planta hidroeléctrica, aunque la entrega se realizó hasta un año después.

Se trató de conocer la versión de Odebrecht México para este reportaje, pero no hubo respuesta de la firma brasileña.

(*) Este informe forma parte del proyecto colaborativo “Investiga Lava Jato” en el que participan periodistas y medios de 11 países de América Latina y África.